Aunque a priori los datos parezcan buenos, el segundo trimestre del año siempre ha sido un trimestre de creación de empleo en términos trimestrales (salvo en el segundo trimestre de 2009). Siempre ha destacado como el momento del año donde mayor es la tasa de incremento de la ocupación. En este año, sin embargo, como en el 2009 (recordemos que fue el peor año de la primera parte de la crisis que seguimos viviendo), se ha destruido empleo. Esto no vaticina nada bueno para el conjunto del año, pues este segundo trimestre es el que marca la tendencia del conjunto. Luego estamos hablando de un año de destrucción de empleo, nuevamente, y según todo apunta, la destrucción de empleo será mayor de la anunciada por el Gobierno, a la vista de las últimas medidas adoptadas y la crítica situación de nuestra economía (el Gobierno prevé 630.000 empleos equivalentes a tiempo competo destruidos, mientras en los dos mejores trimestres llevamos ya una pérdida de 390.200, de empleos en total).
Porque las medidas adoptadas no favorecen la recuperación económica, ni tampoco se prevé que se pueda crear empleo ni a corto ni a medio plazo, sino todo lo contrario, a la vista de la EPA hoy conocida.
El segundo trimestre de 2012, enteramente bajo mandato del Gobierno actual, refleja el despropósito de las políticas de este Gobierno, que no son las adecuadas para hacer remontar la economía ni, mucho menos, el empleo.
Tras las primeras repercusiones de la reforma laboral, en forma de mayor destrucción de empleo en el primer trimestre del año, en este segundo se añaden las medidas de la mal llamada austeridad que el Gobierno implanta sin ton ni son. Y que se harán más visibles en la EPA del tercer trimestre, cuando entre en vigor, entre otras, el aumento del IVA.
Porque si además se recortan las posibilidades de consumo de los ciudadanos (reduciendo los salarios de los empleados públicos, destruyendo empleo y eliminando o reduciendo prestaciones por desempleo), la recuperación cada vez está más lejana.
El aumento en la contratación que la reforma laboral pretendía no se produce por la recesión económica en la que continuamos profundizando, según ha avanzado el Banco de España.
Claramente entonces no todo se debe a la herencia recibida, sino al tipo de políticas que se están llevando a cabo en toda la Unión Europea, con especial intensidad en nuestro país, cuyo único objetivo pretende el ajuste de las cuentas públicas, reduciendo gastos para lograr el déficit establecido como límite en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Desde que este Gobierno tomara posesión todas las actuaciones de política económica han ido encaminadas a lograr ese objetivo, sin considerar que para poder reducir el déficit también hay que ingresar, y no hay ingresos si no hay actividad económica. Es imposible que se alcancen los objetivos establecidos únicamente con políticas de recorte y eliminación del Estado del Bienestar. El Estado del bienestar no es insostenible porque sea un lujo: es una necesidad para que el crecimiento económico (cuando se recupere) se base en la solidaridad, en la equidad y en la justicia social. Destruir el Estado del Bienestar, como lo está haciendo el Gobierno, es sentar las bases de una sociedad más desigual, con mayor riesgo de pobreza, con una mayor precarización, y con menores posibilidades de recuperación y crecimiento a largo plazo.
Los últimos datos de Expedientes de Regulación de Empleo ya avanzaban lo que hoy se confirma en la EPA: ha aumentado en un 53% el número de trabajadores afectados por ERE entre enero y mayo respecto al mismo periodo del año anterior, registrándose un incremento en todos los tipos, tanto de extinción, como suspensión y reducción de jornada. Lo que llama la atención sobremanera es el cambio de tornas en la forma de alcanzar los EREs: hasta la reforma laboral (febrero de este año) la proporción era de 10% de trabajadores afectados por expedientes no pactados. Ahora, esa proporción alcanza al 76% de los trabajadores.
Por tanto, no sólo se sigue destruyendo empleo, a un ritmo más elevado debido a la recaída incesante de la actividad económica, sino que se hace en peores condiciones para los trabajadores. Y las condiciones para los que no ven destruido su puesto de trabajo, pero sí modificado (reducción o suspensión) también se depauperan.
¿Qué medidas habría que tomar? Si el objetivo de la política económica es favorecer las condiciones para el crecimiento y desarrollo económicos, así como la cohesión social y la protección de la ciudadanía, las medidas han de encaminarse a estimular la actividad económica favoreciendo el mantenimiento y la creación de empleo con un mínimo de calidad. No podemos seguir destruyendo empleo y eliminando la calidad de los trabajos, porque los trabajadores, además, somos consumidores. El motor de la economía española ha estado siempre en la demanda nacional, no podemos pensar que, aunque el sector exterior mejore, sea el que nos saque de la situación en la que nos encontramos. Puede servir de estímulo, de arranque, pero no tiene capacidad para tirar de toda la economía. Y menos si nuestro principal destino (Europa) se encamina a una mayor recesión (como ya avanzaban los datos del Reino Unido conocidos esta semana).
No se puede abandonar a los que han perdido su puesto de trabajo y, por el continuo empeoramiento de la situación económica, no pueden encontrar un empleo. No es que no lo busquen, es que no lo hay. Reducir las prestaciones de los desempleados en un contexto de destrucción de empleo y con el 13,3% de los hogares con activos donde todos sus miembros están en paro, mientras se apela a la sensibilidad de las medidas, es una inmoralidad.
Por eso, por un cambio en las políticas económicas, porque sí hay otras posibilidades, no vamos a parar. En septiembre, las organizaciones que hemos participado en la Cumbre Social celebrada en Madrid el 25 de julio, nos proponemos intensificar la movilización social y democrática para hacerla más contundente y masiva, para decir NO a tanta injusticia.