28 días de encierro en una sala de poco más de 20 metros. Así han permanecido media docena de representantes sindicales para exigir el pago de los atrasos a los afectados por el cierre de Santana Motor o por la quiebra de la aseguradora Apra Leven.
Con barba de varios días pero buen aspecto los representantes sindicales han abandonado el encierro a la una de la tarde tras conocer formalmente que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde a un decreto ley que, según Manuel Jiménez, Secretario General de la Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT Andalucía “soluciona no sólo los problemas de los compañeros de Santana, sino también de otros miles de trabajadores de Andalucía que tienen también problemas con las ayudas sociolaborales”.
Jiménez ha explicado que, aunque no conocen el texto del decreto-ley (que se publicará en breve en el BOJA) “tenemos conocimiento por Pastrana (UGT) y Carbonero (CCOO) de que recoge todas las reivindicaciones”. Aún así ha informado de que una vez conozcan el contenido del mismo lo analizarán en profundidad “mirando la letra pequeña” para asegurarse de que dan cobertura a todos los afectados.
“En el caso de que alguna cuestión no quede suficientemente clara” añadió “tenemos el mes que dura el trámite parlamentario para poder subsanarlas con el apoyo de todos los grupos parlamentarios”. “No pedimos nada más que lo que es nuestro” sentenció.
El fin del encierro se esperaba desde hace días. El pasado jueves, el Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo anunció que la Junta abonará directamente las ayudas socioeconómicas a las prejubilaciones por Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de los trabajadores del grupo Santana y de las empresas vinculadas con la aseguradora Apra Leven.
Los sindicalistas, tras salir de su encierro, hacen una llamada a la unidad de acción sindical para poder luchar contra las desigualdades, abusos y atentados contra los derechos laborales.